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A caballo entre Burgos y Cantabria, sobre la raya que delimita ambas comunidades en las inmediaciones del puerto de El Escudo, una empresa radicada en Galicia tiene pensado instalar 14 aerogeneradores. Las intenciones de la firma Viarsa Energía se conocen justo el día en que Ignacio Diego, futuro presidente de Cantabria, anuncia que anulará el concurso eólico que aprobó en 2010 el Gobierno regional, si bien es cierto que el proyecto que maneja la firma gallega, al tratarse de un proyecto pluriprovincial, ha entrado a través de la Dirección General de Política Energética. Por tanto, el órgano competente que tendrá que resolver la solicitud será el Ministerio de Industria.
De los catorce molinos que Viarsa prevé colocar en este parque si saca adelante el proyecto, siete ocuparán terrenos que pertenecen a los municipios cántabros de Luena y Campoo de Yuso y otros tantos en el burgalés de Valle de Valdebezana.
Su propósito es generar en este denominado 'Parque eólico Magdalena' 25,2 megawatios tras una inversión en torno a los 25 millones de euros. Según se especifica en el proyecto, los molinos serían del modelo V-90 fabricados por Vestas, que tienen una altura de 80 metros con unas aspas que abarcan un diámetro de 90 metros.
En dos alineaciones
De momento ese proyecto está en su nivel más incipiente, el de exposición pública de su solicitud de declaración de impacto ambiental y de autorización administrativa, pero se encuentra perfectamente detallado. Así, de Este a Oeste, los terrenos afectados por la instalación del referido parque comienzan al otro lado del puerto de la Magdalena, en la provincia burgalesa con un alineación de siete aerogeneradores al límite con Luena; también dentro del municipio de Valdebezana se instalaría la subestación eléctrica de transformación y evacuación de la energía.
El parque continuaría más allá de la N-623, por el puerto de El Escudo, con una alineación de otros siete molinos sobre terrenos entre Luena y Campoo de Yuso.
Al abarcar terrenos de dos comunidades la resolución final es competencia del Ministerio de Industria. De momento, el asunto estará expuesto un mes a información pública. Posteriormente se tramitarán los estudios para la declaración de impacto ambiental, que lo emitirá el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que la Dirección General de Política Energética resolverá la solicitud administrativa. Tendrá que tener en cuenta si este proyecto cuadra en la planificación energética nacional. Todos esos trámites llevarán, mínimo, un año.
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